Aprobada la Ley de Restauración de la Naturaleza
El Parlamento Europeo ha dado luz verde a la norma
desafiando la presión conservadora para tumbar el proyecto.
Con 329 votos a favor, 275 en contra y 24
abstenciones, este martes el Parlamento Europeo ha aprobado la polémica Ley de
Restauración de la Naturaleza. El resultado provocó aplausos y vítores de los
socialistas y los verdes, mientras sus colegas de derechas guardaban silencio.
La ley, muy suavizada durante el proceso de
negociaciones con los Estados miembros, pasará ahora al Consejo, donde los
llevarán a cabo la votación final antes de que entre en vigor.
Se trata de una norma que pretende rehabilitar al
menos el 20% de las zonas terrestres y marinas de la Unión Europea para 2030 y
todos los ecosistemas degradados para 2050.
Establece obligaciones y objetivos en distintos
ámbitos de actuación, como las tierras de cultivo, los polinizadores, los ríos,
los bosques y las zonas urbanas, para revertir gradualmente los daños
ambientales causados por el cambio climático y la actividad humana
descontrolada.
Presentada por primera vez por la Comisión Europea
en junio de 2022, cobró mayor importancia tras el histórico acuerdo sobre
biodiversidad sellado en la COP15.
Pero el año pasado, la ley se convirtió en el blanco
de una feroz campaña de oposición por parte de los conservadores, en particular
del Partido Popular Europeo (PPE), la mayor formación del Parlamento.
El PPE afirmó en repetidas ocasiones que el proyecto
de ley pondría en peligro el sustento de los agricultores europeos,
interrumpiría las cadenas de suministro establecidas desde hace tiempo,
disminuiría la producción de alimentos, elevaría los precios para los
consumidores e incluso acabaría con las zonas urbanas para dar paso a espacios
verdes.
Los argumentos fueron fuertemente rebatidos por
grupos de izquierda, la Comisión Europea, decenas de ONG, miles de científicos
del clima, la industria de las renovables y grandes empresas como IKEA,
H&M, Iberdrola, Unilever, Nestlé y Danone, que insistieron en que el
objetivo de restaurar la naturaleza era compatible con la actividad económica y
esencial para garantizar la viabilidad a largo plazo de los suelos europeos.
La presión del PPE para desbaratar la posición común
del Parlamento fracasó en julio, después de que un puñado de conservadores se
rebelara y rompiera filas para votar a favor del proyecto de ley. Esto permitió
a los eurodiputados entablar negociaciones con el Consejo y alcanzar un acuerdo
provisional en noviembre, que se esperaba fuera aprobado por ambas
instituciones.
Sin embargo, el estallido en enero de las protestas
de los agricultores de toda Europa revigorizó la reacción contra el Pacto
Verde, ya que el sector agrario culpó directamente a la normativa
medioambiental del bloque como motivo de la excesiva carga burocrática.
La Ley de Restauración de la Naturaleza, que había
quedado relegada a un segundo plano, volvió a situarse en el centro de la
tormenta política. "Seguimos creyendo que está mal redactada y nunca
estuvo a la altura de la tarea que teníamos por delante", declaró el
martes Manfred Weber, presidente del PPE, antes de la votación.
"La inflación está hoy impulsada por la subida
de los precios de los alimentos en los supermercados. Tenemos que pedir a
nuestros agricultores que produzcan más y no menos para estabilizar la
inflación".
Pedro Marques, de los Socialistas y Demócratas
(S&D), contraatacó y acusó a los conservadores de difundir desinformación.
"Esa idea de que votan (contra la ley) porque se preocupan por los
agricultores es absolutamente inaceptable. Es populista. Esto es engañar a los
europeos y ciertamente a nuestros agricultores", dijo Marques.
"Negar el Pacto Verde, negar la emergencia
climática no es, desde luego, la forma de resolver nuestros problemas". La
supervivencia de la ley es un suspiro de alivio para el Pacto Verde, que está
sometido a una creciente presión por parte de los partidos de derechas y
liberales, el sector agrícola y las asociaciones industriales.
A principios de mes, Ursula von der Leyen decidió
retirar un polémico proyecto de ley que pretendía reducir a la mitad el uso y
los riesgos de los pesticidas para 2030.
"Sólo si nuestros agricultores pueden vivir de
la tierra invertirán en el futuro. Y sólo si alcanzamos juntos nuestros
objetivos climáticos y medioambientales, los agricultores podrán seguir ganándose
la vida", declaró la presidenta de la Comisión.
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