Ecologistas recurren la declaración del Valle como área de prioridad energética

 

Acció Ecologista-Agró ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra la declaración de prioridad energética en el ámbito territorial de suelo no urbanizable común de la comarca del Valle de Cofrentes-Ayora, de la Conselleria de Política Territorial.

Esa resolución de la Conselleria, del 27 de julio de 2022, tiene efectos en los proyectos para la instalación de proyectos fotovoltaicos en todo el suelo no urbanizable común del Valle de Ayora que, a juicio de la organización ecologista, son "muy perjudiciales" para ese área y además "contrarios a la ley".

Acció Ecologista ya presentó un recurso administrativo que no ha obtenido respuesta y ha decidido recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

Asegura que la declaración de prioridad energética tendrá efectos negativos para el empleo de la comarca y el medio ambiente y supone que todos los proyectos se tramitarán de urgencia, serán considerados compatibles territorial y urbanísticamente y no habrá limitación a la ocupación del territorio.

Estas cuestiones derivan del Decreto Ley 1/2022 de 22 de abril, del Consell, de medidas urgentes en respuesta a la emergencia energética y económica originada en la Comunitat Valenciana por la guerra en Ucrania, que modificó el Decreto Ley 14/2020.

Acció Ecologista-Agró considera que son muy lesivas para el conjunto del Valle de Ayora, que actualmente es la segunda comarca de la Comunitat Valenciana con más hectáreas afectadas y megavatios en tramitación, por detrás del Alt Vinalopó.

"Esta zona se está convirtiendo en un centro fotovoltaico, ya que entre estas dos comarcas y el municipio de Almansa, que separa a ambas, se estarían tramitando unos 4.400 MW", aseguran.

Si se suma a las comarcas del Vinalopó Mitjà y la plana de Requena-Utiel, serían 6.000 MW en tramitación, según Acció Ecologista, que añade que esa potencia es el objetivo del Gobierno valenciano para toda la comunidad.

Sobre los efectos negativos, afirman que supondrá un efecto negativo para el empleo dado que la agricultura aporta más puestos de trabajo que las plantas fotovoltaicas.

Recuerda que la planta fotovoltaica de Alfarrasí, que fue en su momento la más grande de la comunidad, no ha generado ningún empleo en la localidad.

Y reclama el cumplimiento del artículo 25 de la ley de cambio climático estatal, que establece que la implantación de estas instalaciones debe perseguir evitar el declive demográfico. EFE

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