AVA-ASAJA reclama priorizar las infraestructuras hidráulicas para reducir el impacto de las inundaciones

La organización agraria presenta alegaciones al proyecto de real decreto del Gobierno sobre gestión del riesgo de inundación y pide eliminar las restricciones que dificulten reconstruir explotaciones dañadas, además de compensar a los propietarios que pierdan terrenos incorporados al Dominio Público Hidráulico.

La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) ha presentado alegaciones al Proyecto de Real Decreto por el que se adoptan medidas de gestión de los riesgos de inundación para reclamar que las infraestructuras hidráulicas ocupen un papel prioritario en las políticas destinadas a reducir las consecuencias de las riadas.

La organización considera insuficiente que el proyecto centre las actuaciones de reducción del riesgo en las limitaciones de los usos del suelo, la adaptación de las edificaciones y las medidas de protección civil. Frente a este planteamiento, propone incorporar expresamente la identificación, planificación, ejecución y mantenimiento de las infraestructuras hidráulicas existentes, proyectadas o que puedan resultar necesarias.

AVA-ASAJA defiende que infraestructuras de regulación, laminación, almacenamiento, derivación y conexión de cauces pueden contribuir a disminuir los caudales punta, retrasar la propagación de las avenidas y reducir su capacidad destructiva, protegiendo tanto a las personas como a las actividades económicas, las explotaciones agrarias y el territorio.

Como ejemplo, la asociación cita el comportamiento de la presa de Forata durante la DANA del 29 de octubre de 2024. Según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica recogidos por AVA-ASAJA, el caudal punta de entrada al embalse superó los 2.016 metros cúbicos por segundo, mientras que el máximo de salida fue de 1.092 m³/s.

La organización señala, basándose en ese análisis ministerial, que sin la presa los caudales punta aguas abajo habrían sido entre un 25% y un 30% superiores, la avenida se habría adelantado entre 10 y 20 minutos y los caudales extremos superiores a 3.000 m³/s se habrían prolongado durante aproximadamente siete horas. Asimismo, sostiene que el Ministerio estimó en 1.682 millones de euros los daños a la actividad económica evitados y en unas 5.638 personas la población protegida respecto a un escenario hipotético sin la presa.

Reconstrucción de explotaciones y terrenos perdidos por las riadas

Otro de los puntos cuestionados por AVA-ASAJA son las nuevas limitaciones previstas para actuaciones en suelo rural situado en zonas de flujo preferente, incluidas determinadas restricciones sobre obras de reparación o rehabilitación cuando impliquen un aumento de la ocupación o del volumen.

La asociación reclama que estas restricciones no afecten a la reparación, rehabilitación, reconstrucción o sustitución de edificaciones, instalaciones y explotaciones agrícolas o ganaderas que ya existieran legalmente, siempre que las actuaciones tengan como finalidad recuperar la actividad después de una inundación, un fenómeno meteorológico extraordinario u otra emergencia.

AVA-ASAJA plantea además establecer un mecanismo para los casos en los que una crecida extraordinaria modifique un cauce y provoque que terrenos privados pasen de forma total o parcial al Dominio Público Hidráulico, sin que sea viable devolverlos a su situación anterior.

En estos supuestos, la organización agraria reclama que los propietarios reciban una compensación económica mediante el correspondiente procedimiento de expropiación forzosa por parte del organismo de cuenca competente, tomando como referencia el valor que tenían los terrenos antes de la inundación.

Con sus alegaciones, AVA-ASAJA pide así que la futura normativa combine las medidas de ordenación territorial y protección civil con infraestructuras hidráulicas, garantías para la reconstrucción de las explotaciones agrarias y compensaciones para quienes pierdan definitivamente parte de sus terrenos como consecuencia de grandes riadas