Investigan a un hombre en Alcoy por poner cebos envenenados que causaron la muerte a varios animales

Los primeros hechos se remontan al año 2017, cuando se produjo el envenenamiento de una perra

La Guardia Civil investiga en Alcoi (Alicante) a un hombre de 76 años como presunto autor de un delito continuado relativo a la protección de la flora, fauna y animales domésticos, por el uso de cebos envenenados que supuestamente causaron la muerte a varios animales en la comarca de l'Alcoià.

Agentes del Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Ibi y la agente medioambiental adscrita a la comarca de l'Alcoià han llevado a cabo una investigación para esclarecer la autoría de varios envenenamientos con resultado de muerte en esa comarca, ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

Los primeros hechos se remontan al año 2017, cuando se produjo el envenenamiento de una perra cuando paseaba por una partida del término municipal de Alcoi en compañía de su dueño. Posteriormente, en noviembre de 2019, ocurrió otro episodio similar, con la aparición de cebos envenenados y la muerte de un gato, un zorro, dos ratones y una garduña. El último caso se ha dado en julio de este año con la aparición, nuevamente, de cebos envenenados y la muerte de un jabalí, un gato y un zorro.

Los agentes han localizado e identificado al presunto autor tras encontrar en un garaje dos botes que contenían la sustancia usada supuestamente para envenenar los cebos, el Aldicarb, un plaguicida cuya tenencia y utilización está prohibida al ser considerado como un residuo peligroso y tóxico para la salud humana y para el medio ambiente.

La Guardia Civil intervino asimismo una serie de cuerdas, que fueron remitidas para su cotejo y análisis por parte del laboratorio de química y medio ambiente del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil de Madrid, al haber sido utilizadas probablemente para anudar los citados cebos.

Por ello, los agentes han instruido diligencias en las que se investiga a este vecino de Alcoi por la presunta comisión de un delito continuado relativo a la protección de la flora, fauna y animales domésticos, que puede conllevar una pena de prisión de cuatro meses a dos años o multa de ocho a veinticuatro meses, así como la inhabilitación para el ejercicio del derecho a cazar o pescar de uno a tres años.

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