miércoles, 22 de mayo de 2019

Municipios nucleares: el reto de reinventarse tras el apagón


infoJUCAR | El entorno de la ya clausurada central de Santa María de Garoña, al norte de Burgos, aún está a la espera de que se concreten los anunciados planes de reindustrialización de la zona
CENTRAL DE ASCÓ, EN TARRAGONA
Con el apagón nuclear programado para 2035, España se prepara para la salida progresiva de la energía atómica del sistema eléctrico y los municipios vecinos de las centrales afrontan el reto de reinventarse tras décadas de desarrollo económico vinculado a los reactores.

En la actualidad hay siete operativos: los dos grupos de Almaraz (Cáceres), los de Ascó (Tarragona), el de la central de Cofrentes (Valencia), el reactor de Trillo (Guadalajara) y el de Vandellós I (Tarragona).
Un total de 59 localidades forman parte de la Asociación de Municipios en Áreas de Centrales Nucleares; el 42 % de sus alcaldías están en manos del PP, pero hay alcaldes de prácticamente todos los colores políticos salvo Podemos, que defiende su particular apagón nuclear para 2024, cerrando los reactores según caduquen sus permisos de explotación.
No obstante, hasta 2035 las empresas propietarias podrán pedir prórrogas de su actividad, como ha hecho ya Almaraz: debería concluir en 2020 y ha solicitado que uno de sus reactores siga activo hasta 2027 y que el otro funcione hasta 2028.
El primer cierre de una central fue el de Vandellós I, tras un incendio, y le siguió la de Zorita (Guadalajara), la primera planta que se activó en España. El último acordado es el de Garoña.
El fin del “monocultivo” de Garoña
El entorno de la ya clausurada central de Santa María de Garoña, al norte de Burgos, espera que se concreten los anunciados planes de reindustrialización de la zona. La incertidumbre genera inquietud en una comarca que durante décadas se ha nutrido casi en "monocultivo" de la energía nuclear y que mira al turismo rural como posible vía de escape.
La Junta de Castilla y León aprobó el pasado año un impuesto ambiental que grava el almacenaje de residuos nucleares y que reportará unos 15 millones de euros al año. Pero mantiene que sus planes inversores serán coordinados con los del Gobierno central, al que deja la mayor responsabilidad por haber tomado la decisión de un cierre que nunca fue querido por las autoridades autonómicas.
La actividad de Garoña se suspendió en 2012 y Valladolid apostaba por reanudarla si se reunían las condiciones de seguridad, pero tuvo enfrente al Gobierno vasco, reticente ante una nuclear enclavada a 40 kilómetros de Vitoria y 60 de Bilbao.
El municipio de Valle de Tobalina, en el que se asienta Garoña, respaldó ampliamente al PP en las últimas elecciones municipales, pero en las pasadas generales se ha observado un notable cambio de tendencia y el PP perdió veinte puntos porcentuales respecto a lo cosechado en 2016. EFE

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