Municipios nucleares: el reto de reinventarse tras el apagón
infoJUCAR | El entorno de la ya clausurada central de
Santa María de Garoña, al norte de Burgos, aún está a la espera de que se
concreten los anunciados planes de reindustrialización de la zona
CENTRAL DE ASCÓ, EN TARRAGONA |
Con el apagón nuclear
programado para 2035, España se prepara para la salida progresiva de la energía
atómica del sistema eléctrico y los municipios vecinos de las centrales
afrontan el reto de reinventarse tras décadas de desarrollo económico vinculado
a los reactores.
En la actualidad hay
siete operativos: los dos grupos de Almaraz (Cáceres), los de Ascó (Tarragona),
el de la central de Cofrentes (Valencia), el reactor de Trillo (Guadalajara) y
el de Vandellós I (Tarragona).
Un total de 59
localidades forman parte de la Asociación de Municipios en Áreas de Centrales
Nucleares; el 42 % de sus alcaldías están en manos del PP, pero hay alcaldes de
prácticamente todos los colores políticos salvo Podemos, que defiende su
particular apagón nuclear para 2024, cerrando los reactores según caduquen sus
permisos de explotación.
No obstante, hasta 2035
las empresas propietarias podrán pedir prórrogas de su actividad, como ha hecho
ya Almaraz: debería concluir en 2020 y ha solicitado que uno de sus reactores
siga activo hasta 2027 y que el otro funcione hasta 2028.
El primer cierre de una
central fue el de Vandellós I, tras un incendio, y le siguió la de Zorita
(Guadalajara), la primera planta que se activó en España. El último acordado es
el de Garoña.
El fin del “monocultivo” de Garoña
El entorno de la ya
clausurada central de Santa María de Garoña, al norte de Burgos, espera que se
concreten los anunciados planes de reindustrialización de la zona. La
incertidumbre genera inquietud en una comarca que durante décadas se ha nutrido
casi en "monocultivo" de la energía nuclear y que mira al turismo rural
como posible vía de escape.
La Junta de Castilla y
León aprobó el pasado año un impuesto ambiental que grava el almacenaje de
residuos nucleares y que reportará unos 15 millones de euros al año. Pero
mantiene que sus planes inversores serán coordinados con los del Gobierno
central, al que deja la mayor responsabilidad por haber tomado la decisión de
un cierre que nunca fue querido por las autoridades autonómicas.
La actividad de Garoña
se suspendió en 2012 y Valladolid apostaba por reanudarla si se reunían las
condiciones de seguridad, pero tuvo enfrente al Gobierno vasco, reticente ante
una nuclear enclavada a 40 kilómetros de Vitoria y 60 de Bilbao.
El municipio de Valle de
Tobalina, en el que se asienta Garoña, respaldó ampliamente al PP en las
últimas elecciones municipales, pero en las pasadas generales se ha observado
un notable cambio de tendencia y el PP perdió veinte puntos porcentuales respecto
a lo cosechado en 2016. EFE
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