Iberdrola y Naturgy plantean una reforma legal que dé 4 años para decidir sobre las nucleares


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Iberdrola y Naturgy han puesto sobre la mesa un cambio normativo que permita desbloquear la situación de las centrales nucleares en España. Ambas compañías quieren que el Gobierno disponga de un plazo adicional de cuatro años para poder decidir sobre el cierre ordenado de estas plantas o la posibilidad de continuar operando bajo un marco retributivo estable que garantice su rentabilidad.

Tal como informa elEconomista.es Iberdrola y Naturgy han puesto sobre la mesa un cambio normativo que permita desbloquear la situación de las centrales nucleares en España. Ambas compañías quieren que el Gobierno disponga de un plazo adicional de cuatro años para poder decidir sobre el cierre ordenado de estas plantas o la posibilidad de continuar operando bajo un marco retributivo estable que garantice su rentabilidad.
Con esta medida se permitiría dar este plazo adicional de vida con las inversiones anuales ordinarias, de modo que el Gobierno ganaría tiempo para tomar una decisión sobre la explotación más allá de ese periodo. En tal caso, el contenido de la correspondiente Revisión Periódica de la Seguridad de la central se ajustará también al plazo por el que se entiende solicitada la renovación sin perjuicio de que posteriormente se hubiera de realizar otra revisión de seguridad.
Por poner el ejemplo más cercano, en la central nuclear de Almaraz se podría plantear ampliar los permisos sin fecha, de modo que con este cambio se lograría que siguiera operativa cuatro años más, como reclaman Iberdrola y Naturgy, y luego se analizaría la petición de Endesa de operarla hasta los 50 años. Esta medida permitiría también invertir del orden de 300 millones en la planta frente a los 1.000 millones que supondría la ampliación directa de 10 años más.
Esta modificación no impediría ulteriores renovaciones que pudieran acordarse una vez alcanzada la vida de diseño, de tal modo que si luego Endesa o las mismas Iberdrola o Naturgy quisieran continuar con las plantas más allá de los 40 años lo pudieran hacer pero eliminando el riesgo de que el solicitante de la renovación pueda quedar cautivo con un mayor plazo si la Administración, por razones de interés general, así lo acordara. De hecho, el Gobierno amparándose en informes de seguridad de suministro de REE, podría negarse a aceptar el cierre de alguna de estas centrales o forzar su prolongación.



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