Ecologistas denuncian ante la Fiscalía varios proyectos fotovoltaicos en Jarafuel, Ayora, Zarra, Jalance y Bolbaite

Acció Ecologista-Agró solicita a la Fiscalía que investigue la tramitación de instalaciones fotovoltaicas en terrenos protegidos y espacios incluidos en la Red Natura 2000.

Los municipios de Jarafuel, Ayora, Zarra, Jalance y Bolbaite se encuentran entre las localidades incluidas en la denuncia presentada por Acció Ecologista-Agró (AE-Agró) ante la Fiscalía de Medio Ambiente de Valencia por la tramitación de proyectos fotovoltaicos en terrenos protegidos. La organización ecologista considera que diversas instalaciones proyectadas en estos y otros municipios valencianos podrían vulnerar la legislación estatal de protección ambiental y la jurisprudencia establecida por el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo.

La denuncia afecta a un total de 41 proyectos fotovoltaicos, de los cuales 33 se ubicarían en suelos protegidos por la planificación urbanística y otros ocho dentro de espacios integrados en la Red Natura 2000. Además de los municipios del Valle de Ayora-Cofrentes y de La Canal de Navarrés, el listado incluye localidades de diferentes comarcas de la Comunitat Valenciana.

Según AE-Agró, muchos de estos proyectos se desarrollan en espacios con importantes valores ambientales, paisajísticos y ecológicos, cuya conservación debería prevalecer sobre otros usos que puedan alterar de forma significativa sus características naturales.

Los ecologistas cuestionan la compatibilidad de los proyectos con la normativa ambiental

La entidad recuerda que la Ley de Cambio Climático y Transición Energética establece que el despliegue de energías renovables debe realizarse de manera compatible con la protección del patrimonio natural y con una adecuada planificación territorial. Asimismo, señala que la legislación estatal del suelo limita las actuaciones en terrenos protegidos a aquellos usos expresamente autorizados y siempre garantizando la preservación de los valores que motivaron su protección.

Especial preocupación muestran los ecologistas por los proyectos ubicados dentro de la Red Natura 2000, donde la normativa europea obliga a evitar cualquier deterioro de los hábitats protegidos y exige evaluaciones ambientales rigurosas antes de autorizar actuaciones que puedan afectar a estos espacios.

AE-Agró sostiene además que diferentes resoluciones del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional han respaldado una interpretación restrictiva respecto a la implantación de infraestructuras energéticas en suelo rústico protegido, dada la especial protección que poseen estos territorios.

La organización también advierte de que las autoridades o funcionarios que impulsen o autoricen actuaciones contrarias a la normativa podrían enfrentarse a posibles responsabilidades penales. Por ello, ha solicitado a la Fiscalía que investigue la tramitación de los proyectos incluidos en la denuncia y determine si existen irregularidades o responsabilidades derivadas de su autorización.

La denuncia vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la expansión de las energías renovables en el interior valenciano y el difícil equilibrio entre la producción de energía limpia y la conservación de espacios naturales de alto valor ecológico, una cuestión que afecta de manera directa a municipios como Jarafuel, Ayora, Zarra, Jalance y Bolbaite.