El PP exige prolongar la vida de la central nuclear de Cofrentes más allá de 2030
La formación advierte de las consecuencias económicas, laborales y energéticas que tendría su clausura para el Valle de Ayora-Cofrentes y cuestiona que se estudie prolongar la actividad de otras centrales españolas mientras se mantiene la fecha prevista para la instalación valenciana.
La
reivindicación se ha trasladado durante una jornada de trabajo celebrada en la
propia central nuclear y en Jarafuel, con la participación de alcaldes,
concejales, diputados autonómicos y representantes del Partido Popular.
El
secretario general del PPCV, Carlos Gil, y el portavoz de Energía y Transición
Ecológica del Grupo Popular en el Congreso, Guillermo Mariscal,
han reclamado al Ejecutivo central que explique las diferencias de criterio
entre instalaciones como Almaraz y Cofrentes.
«Almaraz
sí, pero Cofrentes no. Este es el desprecio al que pondremos fin», han
defendido los representantes populares.
El
PP advierte del impacto del cierre sobre el empleo y la economía comarcal
Carlos
Gil ha asegurado que el cierre de Cofrentes supondría un importante perjuicio
para los municipios del interior valenciano, al considerar que la instalación
constituye uno de los principales motores económicos de la comarca.
«Cofrentes
es empleo cualificado, actividad económica, oportunidades para nuestras
empresas y futuro para los municipios del interior», ha afirmado.
La
central genera cientos de empleos directos y mantiene actividad en empresas
auxiliares, proveedores y servicios vinculados a su funcionamiento. El PP
sostiene que su continuidad resulta especialmente importante para combatir la
despoblación y mantener oportunidades laborales en el Valle de Ayora-Cofrentes.
En
el ámbito energético, los populares destacan que la instalación produjo 7.958
millones de kilovatios hora en 2025, una cantidad que, según
las cifras aportadas por la formación, representa más del 52 % de la
electricidad generada en la Comunitat Valenciana.
Este
porcentaje corresponde a la producción eléctrica autonómica, no al conjunto del
consumo de electricidad de los hogares valencianos.
Por
su parte, Guillermo Mariscal ha cuestionado la planificación para sustituir la
producción de la central y ha advertido de que, a su juicio, no existe una
alternativa suficientemente definida.
«Este
cierre es más político que técnico y sería imperdonable tratar a los ciudadanos
valencianos como de tercera categoría», ha señalado.
El
Partido Popular reclama que se estudie la prolongación del funcionamiento de Cofrentes más allá de
noviembre de 2030, condicionada al cumplimiento de las
garantías técnicas y de seguridad y a la obtención de las autorizaciones correspondientes.
La
formación considera que cualquier decisión sobre el futuro de la central debe
tener en cuenta tanto la planificación energética como sus consecuencias sobre
el empleo, la actividad empresarial y la población de los municipios del interior
valenciano.
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