Navarrés y Quesa defienden su actuación sobre la presa de Escalona y reclaman transparencia a la Confederación Hidrográfica

Ambos ayuntamientos aseguran que han actuado conforme a la legalidad durante más de una década y piden explicaciones sobre las restricciones a la navegación en el embalse.

Los ayuntamientos de Navarrés y Quesa han emitido un bando conjunto para aclarar su posición respecto a la situación de la presa de Escalona, después de que en los últimos días se hayan producido declaraciones públicas cuestionando la actuación de ambas administraciones en relación con el uso recreativo del embalse y las consecuencias derivadas de las decisiones adoptadas por la Confederación Hidrográfica del Júcar.

Los consistorios señalan que comprenden la preocupación de las empresas y profesionales que desarrollan su actividad económica en el entorno de la presa, pero consideran necesario trasladar a la ciudadanía los antecedentes y actuaciones llevadas a cabo durante los últimos años.

Según explican, desde 2011 ambos ayuntamientos han defendido en los tribunales su derecho a percibir el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) correspondiente a las instalaciones de la presa de Escalona, basándose en la ponencia de valores aprobada por la Dirección General del Catastro en 2008. En este proceso judicial, destacan que han obtenido seis sentencias favorables que reconocen tanto el derecho de los municipios a percibir dicho impuesto como la obligación tributaria correspondiente.

Asimismo, recuerdan que en 2015 solicitaron autorización para la navegación en el embalse y la instalación de un pantalán, autorización que fue concedida por la Confederación Hidrográfica con las condiciones establecidas en aquel momento y que, según indican, han sido respetadas desde entonces.

Preocupación por el cambio de criterio sobre la navegación

En el comunicado, los ayuntamientos manifiestan su preocupación por los cambios recientes relacionados con el uso asignado a la presa, al considerar que podrían tener repercusiones económicas que afectarían a las obligaciones tributarias existentes.

Los consistorios sostienen que durante más de quince años la Confederación Hidrográfica no ha conseguido justificar jurídicamente la ausencia de tributación de estas instalaciones y muestran sus dudas sobre las modificaciones adoptadas recientemente.

Además, recalcan que las administraciones locales no pueden renunciar a ingresos públicos reconocidos legalmente, ya que ello supondría incumplir sus obligaciones y perjudicar los intereses generales de sus vecinos.

Los ayuntamientos también afirman que las empresas afectadas han sido informadas en todo momento de las actuaciones y resoluciones que se han ido produciendo a lo largo de estos años.

Sin comunicación oficial sobre la prohibición de navegar

Otro de los aspectos destacados en el bando es que ni el Ayuntamiento de Navarrés ni el de Quesa aseguran haber recibido una comunicación oficial por parte de la Confederación Hidrográfica informando de una prohibición de la navegación en la presa de Escalona o de una resolución administrativa que motive dicho cambio de criterio.

Según indican, la única modificación conocida hasta la fecha es la inclusión del embalse en una relación o guía de masas de agua consideradas no navegables, sin que se haya difundido una resolución pública que detalle las razones técnicas, ambientales o jurídicas que justifican esta decisión.

Los consistorios añaden que, según la información de la que disponen, continúan permitiéndose determinadas actividades con elementos flotantes de pequeñas dimensiones, inferiores a 1,5 metros, como patos acuáticos y otros dispositivos similares, una circunstancia que, a su juicio, genera dudas sobre el alcance real de las restricciones aplicadas.

Reclaman explicaciones y transparencia

Los ayuntamientos consideran que los vecinos tienen derecho a conocer los motivos que han llevado a adoptar estas medidas, los informes técnicos que las respaldan y las razones por las que no se ha informado oficialmente a las administraciones directamente afectadas.

En este sentido, defienden que la transparencia debe presidir cualquier decisión que afecte al futuro de la presa de Escalona y sostienen que los cambios de criterio administrativos deben estar debidamente justificados y comunicados.

Finalmente, los ayuntamientos de Navarrés y Quesa reiteran su compromiso de seguir defendiendo los intereses de sus municipios, de sus vecinos y del territorio, actuando dentro del marco legal y manteniendo una posición de diálogo, responsabilidad institucional y defensa de los recursos públicos.