La Generalitat inicia el proceso participativo para elaborar una nueva ley urbanística

La Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio ha abierto el trámite de participación ciudadana previo a la elaboración del anteproyecto de reforma de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat Valenciana para simplificar trámites, eliminar cargas administrativas, superar incoherencias, así como mejorar su redacción.

Tal y como ha destacado el director general de Urbanismo, Paisaje y Evaluación Ambiental, Miguel Ángel Ivorra, “el proceso se establece desde una perspectiva global, tras una seria reflexión, y con criterios de calidad”. Y ha añadido que, “al mismo tiempo, no se quiere dejar sin la necesaria tutela jurídica una serie de valores e intereses generales que merecen ser preservados, como la seguridad jurídica”.

En esta línea, la Conselleria inicia el trámite de consulta previa “para reflexionar sobre los aspectos de la ley que pueden ser modificados y al que se invita a todas las personas y colectivos interesados para que puedan aportar sus opiniones y sugerencias”, ha asegurado el director general de Urbanismo.

Finalizada esta fase de participación ciudadana, las aportaciones que se reciban serán estudiadas, después la Conselleria elaborará un anteproyecto de ley de reforma urbanística, que será también sometido a un trámite de información al público antes de su aprobación y remisión a Les Corts. “Así, el alcance exacto de la nueva ley urbanística se concretará concluido el trámite de consulta, teniendo en cuenta las sugerencias que se reciban”, ha explicado Ivorra.

Algunas cuestiones concretas que podrían ser estudiadas y en su caso incorporadas en el anteproyecto son, por ejemplo, en materia de planeamiento, la posibilidad de regular de modo más claro la participación de la iniciativa privada en la formulación de propuestas en este ámbito. También, una nueva regulación del procedimiento de aprobación de los planes urbanísticos, la flexibilización del planeamiento, o la regulación específica de la emisión de los informes sectoriales en esta materia.

Por otro lado, en cuanto a urbanismo, se podría favorecer la gestión indirecta de los Programas de Actuación Integrada, sin que deba justificarse la no procedencia de la gestión directa, así como estudiar posibles nuevas modalidades de sistemas de ejecución del planeamiento, como el de expropiación por concesionario. Además de agilizar la tramitación del otorgamiento de las licencias de obra.

Asimismo, en relación con el suelo no urbanizable, se estudiará la reconsideración de la actual regulación de las Declaraciones de Interés Comunitario, así como de medidas para agilizar el procedimiento. Y también se analizarán las medidas para favorecer la implantación de actividades terciarias y de ocio recreativas en el suelo no urbanizable.

Finalmente, se podrán revisar los procesos de regularización de construcciones ilegales, estudiando la posibilidad de instrumentar determinados supuestos mediante proyectos de obra y con un posible replanteamiento de la actual regulación, e implementar medidas que favorezcan a los municipios con riesgo de despoblamiento, caracterizados en general por ser más vulnerables.

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