Desde la Red por una Nueva Cultura en el Júcar: No al Plan Hidrológico
Las organizaciones cívicas, ambientales y sindicales
que integran la Red por una Nueva Cultura en el Júcar rechazan el Plan
Hidrológico.
Las organizaciones ambientales, cívicas y sindicales
representadas en el Consejo del Agua de la Demarcación del Júcar, entre las que
se cuenta ACEM-Ecologistas de la Manchuela, rechazan el Plan Hidrológico,
sometido a informe, por no frenar el deterioro de los ríos.
Las organizaciones consideran que, pese a las
evidencias de sobreexplotación y deterioro de los ecosistemas acuáticos, el plan
no satisface los objetivos legalmente establecidos de frenar el deterioro,
recuperar el buen estado ríos, lagos, acuíferos y otras masas de agua y
promover el uso sostenible del agua.
Pese a la situación de sobreexplotación acumulada,
el plan reparte un agua inexistente incrementando así el déficit reconocido
–que pasa de 265 a 310 Hm3/año- aplazando las medidas necesarias para frenar y
revertir el deterioro de la cuenca. Con ello se agudizan las tensiones por el
reparto del agua en el futuro, que se verán incrementadas con la previsible
disminución de la disponibilidad de agua como consecuencia del cambio
climático.
Aunque pueda parecer paradójico, poner sobre la mesa
de negociación agua de papel, es decir asignar a los usuarios agua no
disponible en la demarcación con el fin de obtener su apoyo al plan, no hace
sino añadir leña al fuego y alimentar conflictos futuros. La naturaleza no
negocia.
El documento presentado supone un retroceso respecto
al borrador presentado en junio del año pasado y aleja aún más la posibilidad
de cumplir con los objetivos marcados para 2027. La administración hidráulica
ha cedido una vez más frente a la presión de los usuarios privativos,
favoreciendo sus intereses a corto plazo en detrimento del interés general y de
la disponibilidad duradera de agua, retorciendo, a tal fin, la aplicación de la
normativa vigente.
Las organizaciones integradas en la Red por una
Nueva Cultura del Agua en el Júcar, contrariadas por los cambios de última hora
y las negociaciones opacas con regantes y administraciones, analizarán y
documentarán los posibles incumplimientos con el fin de recurrir ante las
instancias competentes del estado y la Unión Europea.
En una primera lectura se han identificado posibles
incumplimientos en relación con los siguientes aspectos:
• sobreexplotación
del acuífero de la Mancha Oriental, con asignaciones que superan la recarga
natural, agravando la acumulada y estableciendo nuevas reservas insostenibles
para el regadío
• aplicación
arbitraria de la metodología establecida por el propio ministerio para el
cálculo de los caudales ambientales, estableciendo generalmente volúmenes muy
alejados de los necesarios para contribuir eficazmente al objetivo del buen
estado
• incumplimiento
de la sentencia del Tribunal Supremo (STS 3353/2018) por lo que se refiere a la
exigencia de establecimiento de regímenes de caudales ecológicos completos -con
todas sus componentes, incluida la de avenidas- y al rechazo de excepciones
mediante la inclusión de márgenes adicionales de tolerancia
• falta
actualización del registro de zonas protegidas
• impactos
ambientales de la modernización de regadíos sin una evaluación rigurosa
• mantenimiento
del transvase Júcar-Vinalopó, pese al reconocimiento de la falta de sobrantes
en la cuenca cedente
• asignación
de caudales para el Parque Natural de l’Albufera condicionada a los usos, sin
concreción en cuanto a su origen ni garantía de su disponibilidad, lo que
perpetúa la precariedad de esta zona protegida
• desprotección
de masas de agua en buen estado (reservas fluviales) y adopción insuficiente de
las medidas necesarias para recuperar la conectividad fluvial y la restauración
hidromorfológica general de las masas de agua deterioradas, como consecuencia de
la priorización de los usos privativos a costa de violar las restricciones
ambientales
Las organizaciones ambientales, cívicas y sindicales
de la Red por una Nueva Cultura del Agua en el Júcar alertan de las
consecuencias de la mala administración y recuerdan que los incumplimientos de
la normativa europea pueden tener un elevado coste para el conjunto de la
ciudadanía, como muestran las cuantiosas multas que paga el Estado Español, por
ejemplo, por incumplimientos de la directiva de aguas residuales urbanas. Por
otro lado, siendo el sector agropecuario el principal consumidor de agua, es
urgente abordar una reforma estructural –incluida la PAC- que permita su
viabilidad a largo plazo, garantizando el empleo, el reequilibrio territorial y
la conservación de los recursos naturales.
Dan apoyo a este escrito las siguientes
organizaciones: Acció Ecologista Agró, ACEM-Ecologistas de la Manchuela de
Cuenca y Albacete, ADIRA, AEMS-Ríos con Vida, Centro Ibérico de Restauración
Fluvial, CCOO PV, Ecologistas en Acción de Albacete, Ecologistas en Acción de
Cuenca, Ecologistas en Acción Gudar Javalambre, Ecologistes en Acció del País
Valencià, Fundació Nova Cultura de l’Aigua, Grupo para el Estudio y
Conservación de los Espacios Naturales, Intersindical Valenciana, Mijares no se
Toca, Per l’Horta, Plataforma Ciutadana per la defensa del Riu Serpis, Sociedad
Albacetense de Ornitología, SEO/BirdLife, Túria Verd, UGT, WWF i Xúquer Viu
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