El Gobierno reabre el trasvase del Júcar y aprueba un riego de emergencia de 6,3 hm3
infoJUCAR | El agua, por la que se pagarán 2,5
millones de euros, salvará 18.000 hectáreas, con una producción valorada en 30
millones de euros
El consejo de
administración de la empresa estatal Acuamed ha aprobado, dos meses después de
sacarlo del orden del día, el riego de socorro de 6,3 hm3 que, de facto,
significa la reapertura del trasvase Júcar-Vinalopó y un balón de oxígeno para
las 18.000 hectáreas de cultivos en el Vinalopó y para sus agricultores, que
preveían unas pérdidas de 30 millones de euros. El agua comenzará a llegar la
próxima semana.
La gestión del
presidente Ximo Puig –el Consell paga los 794.000 euros a los que no podían
llegar los regantes- ha sido clave para desatascar un problema que ha vuelto a
dejar en evidencia el fracaso de una obra que costó 400 millones de euros, que
es clave para la provincia, pero que sigue sin el convenio de gestión
definitivo, con lo que se trata de un cierre en falso.
Bienvenidos los 6,3 hm3
pero el riego de socorro no deja de ser un parche. Es más, el consejo no ha
activado el trasvase hasta tener ratificación oficial de que el Consell pagaría
el agua, algo anunciado por el presidente Puig, pero que en Madrid no han
activado hasta tener el acuerdo del pleno del Consell. El riego saldrá al final
por unos 2,5 millones de euros. El agua no es gratis.
El presidente de la
Junta Central de Usuarios del Trasvase Júcar-Vinalopó, Andrés Martínez, celebró
el paso adelante dado por el jefe del Consell, Ximo Puig, para desbloquear el
envío de los 6,3 hm3; del Júcar que salven la cosecha hortofrutícola de este
verano (producción valorada en 30 millones de euros), pero advierte de que, de
momento, la buena voluntad de Puig no resulta suficiente para detener la
ofensiva judicial que los usuarios del agua ultiman contra el consejo de
administración de la empresa pública Acuamed.
En concreto, los
servicios jurídicos de la Junta Central estiman en 200 millones de euros el
descalabro patrimonial en las tierras de cultivo -52.000 hectáreas-, que están
en serio riesgo de desaparición por el bloqueo que sufre el trasvase desde hace
cinco años, cuando acabaron las obras para conectar el Azud de la Marquesa, en
Cullera, con Villena, tras salvar una elevación de más de 800 metros, lo que
dispara los costes. Además, los regantes han pedido a los alcaldes de Elche, La
Romana, Monóvar y Aspe, los municipios más afectados por la falta de agua y la
paralización del riego de socorro de 6,3 hm3, que soliciten ser zona
catastrófica.
Por su parte, los
técnicos que integran la comisión del agua de la Diputación han alertado de que
los recursos hídricos derivados del ciclo natural del agua propios de la
provincia de Alicante (aguas superficiales y aguas subterráneas renovables) son
significativamente menores que las necesidades actuales, un grave déficit
hídrico que se palia con una explotación insostenible de los recursos
subterráneos, y con un uso intensivo de todos los recursos naturales.
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