Greenpeace despliega un ojo gigante de 530 metros cuadrados sobre el Hemisfèric por el caso Sagunto

Un total de 43 activistas participaron en la acción en València en apoyo a los 11 miembros de Greenpeace juzgados por una protesta realizada en 2021 contra la llegada de un buque gasero al puerto de Sagunto.

Greenpeace ha desplegado un ojo gigante de 530 metros cuadrados y 26 metros de diámetro sobre la cubierta del Hemisfèric de València como muestra de apoyo a los 11 activistas de la organización procesados por una protesta realizada en 2021 en el puerto de Sagunto.

La intervención contó con la participación de 43 activistas y estuvo acompañada por dos grandes pancartas de 180 metros cuadrados instaladas en las piscinas adyacentes con los mensajes «The world is watching» («El mundo está observando») y «Activism is not a crime» («El activismo no es un crimen»).

La acción se realizó en los días previos al juicio celebrado el 23 de septiembre en la Ciudad de la Justicia de València contra 11 activistas de ocho nacionalidades, cuatro de ellos españoles. Los hechos se remontan a octubre de 2021, cuando participaron en una protesta contra la llegada de un buque cargado de gas al puerto de Sagunto.

La Fiscalía rebaja su petición durante el juicio

Inicialmente, el Ministerio Fiscal solicitaba cinco años de prisión para cada uno de los acusados por un delito de desórdenes públicos agravados. Sin embargo, durante el juicio modificó sus conclusiones definitivas y redujo la petición a dos años y seis meses de cárcel para cada activista, para ajustarla a la regulación vigente cuando ocurrieron los hechos. Las defensas solicitaron la libre absolución.

Durante la vista, el jefe de Información de la Guardia Civil que elaboró los atestados declaró que la actuación de los activistas fue de «resistencia, pero totalmente pacífica» y que no existió un riesgo concreto, mientras que la empresa gasística sostuvo que se produjo un incremento innecesario del riesgo, aunque no hubo daños.

Greenpeace, que asegura haber abonado ya más de 160.000 euros en sanciones administrativas relacionadas con aquella acción, ha defendido el derecho a la protesta y ha contado durante el proceso con la presencia como observador de Michel Forst, relator especial de Naciones Unidas sobre defensores medioambientales. El juicio ha quedado pendiente de sentencia.