Los pequeños municipios multiplican por cuatro las ayudas de la Diputación para servicios sociales
infoJUCAR | En Navarrés proponen la puesta en marcha
de un sistema de búsqueda de personas para evitar desapariciones y ayudar a las
familias en casos de Alzheimer o demencia senil
Los municipios de menos
de 10.000 habitantes han visto multiplicada por cuatro la aportación de la
Diputació de Valencia para servicios sociales básicos en apenas 3 años.
En 2015, la corporación
destinaba 3.950.000 euros a 187 ayuntamientos y entes locales, mientras que en
2018 el área de Inclusión Social ha gestionado una partida de 12.252.558 euros
para garantizar estos servicios básicos a 215 municipios. Del 0,87% del
presupuesto total de la Diputació en 2015 se ha pasado a destinar a servicios
sociales un 2,59% de dicho presupuesto en el presente ejercicio.
Con la base de un modelo
centrado en la prevención y la justicia social, los consistorios han visto
incrementadas las ayudas para pobreza energética, atención a domicilio,
inserción y emergencia social. Una inversión en servicios sociales básicos que
no ha dejado de crecer a lo largo de la presente legislatura, con el objetivo
de construir una atención social primaria digna, que vertebre el territorio y
esté dotada económicamente para dar respuesta, sin discriminación, a las
necesidades de las personas.
En esta línea se han
expresado el presidente de la Diputació de València, Toni Gaspar, y la
responsable de Inclusión Social, Teatros y Memoria Histórica, Rosa Pérez
Garijo, ante decenas de alcaldes y alcaldesas y responsables de servicios
sociales locales, analizando el modelo de la Diputació junto a los técnicos de
la corporación, que están a disposición de los ayuntamientos para resolver las
dudas que puedan surgir en la tramitación y gestión de las ayudas.El presidente
y la diputada han coincidido en la apuesta por seguir incrementando esta
partida social de cara al presupuesto de 2019. En palabras de Rosa Pérez
Garijo, "los servicios sociales no pueden funcionar si no disponen de los
medios humanos que toca, así como de un respaldo administrativo que libere a
los profesionales de ocuparse de la parte burocrática". La titular de Inclusión
Social ha destacado el trabajo de los ayuntamientos en esta materia, y ha
puesto como ejemplo las solicitudes de dependencia, que "en los municipios
de menos de 10.000 habitantes se solventan en el 100% de los casos". Rosa
Pérez Garijo ha recordado a técnicos y responsables locales que el pasado año
la Diputació se comprometió a implantar la asistencia jurídica en este ámbito
de los servicios sociales, a petición de los propios ayuntamientos, y lo ha
cumplido.
Asistencia jurídica
Como novedad en el
actual ejercicio destaca precisamente el asesoramiento jurídico a los
ayuntamientos y mancomunidades de más de 5.000 habitantes, con subvenciones
para contratar a un abogado o abogada con el fin de orientar en el ámbito
jurídico a estos entes locales en materia de asistencia social.
Otro de los datos
destacados en la gestión de estos servicios sociales en los últimos 3 años es
la disminución del ratio en la atención profesional, pasando de un trabajador
por cada 5.400 habitantes en 2015 a un trabajador por cada 2.091 habitantes en
2018.
También han mejorado
considerablemente en este período el soporte administrativo y las ayudas para
la movilidad, que al inicio de la legislatura no existían para entes locales y
actualmente alcanzan a 26 de estos entes, que interactúan con 157
ayuntamientos.
Los alcaldes y
alcaldesas y los trabajadores sociales y concejales de Bienestar han
intercambiado experiencias con los responsables de la Diputació, que han tomado
nota de los problemas que surgen en los municipios en la gestión de los
servicios sociales y las necesidades de los usuarios.
En Navarrés, por
ejemplo, proponen la puesta en marcha de un sistema de búsqueda de personas
para evitar desapariciones y ayudar a las familias en casos de Alzheimer o
demencia senil. Otros consistorios expresan sus dificultades para disponer de
trabajadores sociales, lo que, en opinión de Rosa Pérez Garijo, podría
resolverse con una bolsa común de profesionales a la que pudieran acceder todos
los ayuntamientos.
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